Caso Lobos: Historia de una investigación

Luis Lobos asumió la intendencia de Guaymallén el viernes 13 de diciembre de 2013. Como presidente del Concejo Deliberante, reemplazó a Alejandro Abraham, el único peronista electo diputado nacional en aquellas lejanas elecciones de renovación legislativa. Fue día de fiesta en la familia. 

Al poco tiempo, para la Vendimia de 2014, el nuevo jefe comunal ya había nombrado a sus hijos Facundo y Lucas Lobos en puestos municipales. 

También a su sobrina Silvina Alcaraz. Alberto Ruiz, ex cónyuge de Claudia Sgró, fue jefe de la Unidad de Atención Integral (UDAI) de la ANSES en Guaymallén. 

Juan Carlos Sgró, hermano de Claudia, fue subdirector de servicios públicos. Alejandra Sgró, hermana también de Claudia, reportó en el cargo de secretaria privada de Lobos. Facundo Ruíz, hijo de Claudia Sgró, fue jefe de subdelegaciones del municipio. Adriana Ruíz, hermana de Alberto Ruíz (ex cuñada de Claudia Sgró) también consiguió trabajo en la comuna. Su esposo Daniel Alberto Calanoce lo mismo, en Rentas de la Municipalidad. De igual modo, dos hijas de Ruiz y Calanoce trabajaron en Rentas del municipio. 

Resultaba obvio que esa gestión sería muy irregular.

Hubo varios nombres más en aquella primera nota, el inicio de la investigación "Así se enriquece un intendente", publicada por Mendoza Post, nuestro diario, el jueves 4 de diciembre de 2014. Para la misma época, supimos que Lobos había despedido y retomado a varios contratados, para financiarse con sus sueldos. La hermana de Claudia Sgró, Alejandra, manejaba una cartilla de treinta hojas A4, aproximadamente, con los nombres de los "ñoquis" y contratados que aportaban al matrimonio. Al poco tiempo, una mujer la vio a Claudia Sgró en la costa bonaerense sacar dinero de un cajero automático del Banco Nación, con un "manojo" de tarjetas de débito, todas con el mismo PIN. Cosas del destino: los dos Facundo, Lobos y Ruiz, hijos uno de Luis Lobos y el otro de Claudia Sgró, los acompañaron el viernes en la audiencia que se llevó adelante en la Sala 15 del nuevo Polo Judicial. 

Desde allí, los miembros del ex matrimonio poderoso de Guaymallén salieron como convictos.

Es imposible hacer la síntesis de la investigación periodística del Caso Lobos, sin ser autorreferenciales.

 La tarea de Mendoza Post fue clave para iniciar el camino que luego la justicia fue enriqueciendo con peritajes y testimonios, hasta llegar a las cuatro imputaciones, una condena firme de prisión de cumplimiento efectivo, y la sentencia de extinción de dominio -aún pendiente de apelación- por la que les quitaron su mansión a Lobos y Sgró. La primera nota de la investigación publicada en diciembre de 2014 rebosaba de datos que era imposible soslayar. 

Detrás de aquella publicación hay una historia que vale la pena contar. 

Y pedimos disculpas, desde ya, por la redacción en primera persona, algo muy inconveniente en los textos periodísticos.

El inicio

En 2014 el país pensaba en el inminente Mundial de Fútbol que se jugaría en Brasil. Épocas de dólar barato y enormes colas para viajar a Chile de compras y vacaciones. 

Un día del otoño de aquel año, el abogado Carlos Varela Alvarez, que nos había representado en un juicio por amenazas contra el extinto Víctor Fayad (UCR), me fue a ver con unas cuantas hojas impresas de diversos medios periodísticos locales, incluso el que dirigía, en las que aparecían distintos testimonios de foristas, datos, registros, de supuestas propiedades de Lobos, Sgró, y gente de su entorno. 

Se nombraban emprendimientos inmobiliarios muy conocidos. Conociendo el nepotismo en la Municipalidad, la idea de indagarlos era tentadora. Luego, con la investigación, descubrimos que tanto Lobos como Sgró y varios representantes de una "cooperativa política" que dejaba pasar todas, aparecían como inversores inmobiliarios. 

Algunos de ellos, con lotes colindantes a los del matrimonio. El abogado me preguntó "¿Qué te parece?" Y ese fue el inicio de la investigación. Junto a Carlos Ponce, economista y hoy presidente de Plataforma Digital, la empresa que edita Mendoza Post, Memo, y que produce los programas "Te Digo Lo Que Pienso" y "Tormenta de Ideas", ya nos habíamos ido de la empresa en la que estábamos, MDZ, y estábamos armando el Post. 

En toda investigación periodística, el tiempo es el factor clave. En los medios del interior hay escasísima investigación, justamente por falta de tiempo y de recursos. 

Pero en este caso, mientras íbamos "construyendo" lo que sería Mendoza Post, pude dedicar muchas horas del día, durante seis meses, a recabar, chequear, compulsar, y buscar testimonios que dieran sustento a la investigación.

Lo primero fue identificar a las personas que habían publicado sus comentarios con datos sobre las propiedades del matrimonio. No fue sencillo para la época en la que la gente se escudaba en usuarios anónimos para comentar. Pero logramos desentrañar algunas identidades, y hablar con algunos de ellos. Un par declararon en la instrucción de algunas de las causas.

La tarea de los abogados Carlos Varela Alvarez, Pablo Moreno y Lucas Fallet fue monumental. Hay registros a los que sólo se puede acceder con matrícula de abogado. Y otros, con tarea periodística. Durante meses, estuvimos compulsando información de la AFIP, del Registro de Propiedades, de la Anses, de la Municipalidad de Guaymallén, de la ATM, mientras íbamos armando el rompecabezas de las propiedades, los vehículos, la fastuosa mansión que construyeron en Tirasso 4337 del barrio Alto Portal del Sauce, en Guaymallén. Era imposible que un funcionario que había sido concejal seis años y su esposa empleada municipal, juntasen semejante fortuna. Pero la verdad es que a Lobos y Sgró, como comprobaría la justicia años después a través del peritaje contable del Cuerpo Médico Forense, no les cerraba "ni el blanco".

Cuando tuvimos suficiente documentación compulsada y lista, merced a la tarea que hicimos en equipo con los abogados, empezamos a buscar testimonios. Hablamos con ex empleados, personas cercanas al clan Lobos, arrepentidos, y desarrolladores inmobiliarios a los que les cobraban, o pretendían cobrarles, en "lotes" los favores recibidos. En una de las imputaciones que tiene Lobos, se lo acusa de fraude por el alquiler de una planta de asfalto a una empresa, cuyos dueños son desarrolladores inmobiliarios. Lobos y Sgró y otros miembros de la política tienen lotes allí. Ese expediente se conoce como "Caso Wanka" y sale a juicio oral junto a la causa "madre" por enriquecimiento ilícito, a partir del 10 de agosto de este año.

Los testimonios

Lo más increíble de la investigación del Caso Lobos, fue escuchar a los testigos. A quienes brindaron los testimonios que nos permitieron entender lo que pasaba. Así supimos cómo castigaban a las personas que se negaban a entregar su sueldo, o protestaban por las exacciones que les hacían. Una mujer que llegó a cobrar de sueldo 5.000 pesos, debía entregarles 4.000 y se quedaba con 1.000 pesos "y la obra social". Cuando se quejó, fue destinada al cementerio, a custodiar la tumba de su pareja. Declaró en la causa. Con los testimonios supimos de los mecanismos de espionaje interno, de las excentricidades (como el chamán que habían contratado por 60.000 pesos mensuales y caía a la Municipalidad con un enorme Gran Danés), de los viajes de compras de dólares "blue" en la provincia de Neuquén, de los viajes a Chile para adquirir muebles y arte para la petite maison de la calle Tirasso, la misma que ahora la justicia le quitó, y de los regalos fabulosos que hacían a sus amigos. Podían salir a cenar con alguien, y regalarle un reloj que en aquella época costaba 40.000 pesos. Todos estos datos fueron publicados por el POST. Pero sin dudas lo más valioso fue el registro de las propiedades y autos que dimos a conocer, y las contrataciones.

El drone

A pesar de la fuerza de los datos, lo que más impacto generó en el público fue el uso de un drone para filmar la mansión de Lobos. Tuvimos el convencimiento que sólo mostrando el tamaño de la propiedad, haríamos que la gente pensara sobre la posibilidad del enriquecimiento indebido de la ahora ex pareja. Los tiempos se aceleraron. Habíamos intensificado la búsqueda de testimonios, al punto que hicimos entrevistas en una "casa del árbol" del patio de alguien. Probablemente Lobos se enteró. Recuerdo que mandó una emisaria para convocarme a un "desayuno de trabajo". Le informé que teníamos una investigación en marcha, y le entregué un escrito con ocho preguntas para el intendente Lobos, que no tuvieron respuesta. Esa misma tarde filmamos la mansión, junto a Juan Manuel Zacca, un emprendedor amante de la tecnología que ya experimentaba con drones. Había un sol radiante, pero la zona circundante del barrio de Lobos era casi un descampado. Nos colocamos a unos 2.000 metros de la propiedad, en un lugar con un camino de fuga posible por si las cosas se ponían pesadas. Toda la operación duró menos de media hora. Y luego, editamos los pocos segundos que necesitaríamos para la investigación. Este video hizo historia, y ha sido reproducido por los canales y medios más importantes del país, mucho tiempo después, cuando la jueza María Paz Gallardo les quitó a Lobos y Sgró la mansión, aplicando la reciente ley de extinción de dominio. El uso del drone fue destacado incluso en un editorial del Diario La Nación, por el Caso Lobos.

Luego de filmar, decidimos que en 48 horas publicaríamos la investigación. Con buen tino, Carlos Ponce propuso hablar -para informarles- con algunas de las autoridades políticas de la época, y con determinados referentes partidarios. Y eso hicimos. La idea no era desatar una guerra de drones sobre la clase política de Mendoza, sino publicar una investigación periodística que mostraba claramente la corrupción de un intendente y su entorno. La versión final de la nota nos llevó unas ocho horas de escritura. Carlos Ponce dio la última lectura. El último control, y también el hecho de compartir la responsabilidad de una investigación que resultaría histórica. Trabajamos juntos hace muchos años. No me preguntó por el chequeo o el origen de los datos. Sólo, si estábamos seguros.

El diario tenía sólo cuatro días de vida, y el día de la publicación los abogados encabezados por Varela Alvarez ya tenían todo listo para presentar denuncias penales provinciales y federales por fraude, lavado de activos, coimas, y otros delitos. Por una razón que no recuerdo, llamamos a las carpetas el "bosque". Uno federal, y otro provincial. Se terminaron unificando en la causa por enriquecimiento que se ventilará en agosto. Conseguir que la política avalase la denuncia fue una tarea monumental. Ningún partido político de Guaymallén quería "poner el gancho". El que se animó fue el entonces concejal Federico Telera, del FIT, con el apoyo de los dirigentes de su partido. Telera es un trabajador humilde de Pedro Molina, que se dedica a la plomería. Recuerdo verlo en la conferencia de prensa junto a Héctor Fresina, Martín Dalmau y Víctor Dávila, y los abogados Varela lvarez, Moreno y Fallet, cuando presentaron en público las denuncias que acababan de ser radicadas en los tribunales. Esa conferencia se hizo en el anexo de la Legislatura, sobre calle Espejo. Mendoza Post tenía cuatro días online, y acababa de publicar el mayor caso de corrupción estatal de la democracia mendocina, muy probablemente desde la época de las causas de los bancos estatales. La estrategia fue publicar la investigación y radicar las denuncias el mismo día.

La historia política y judicial

El Caso Lobos fue recibido con frialdad por la política, y también por los medios. Sólo Alfredo Cornejo, por entonces intendente de Godoy Cruz y líder de la UCR, que aún no era ni precandidato a gobernador, se comunicó con Carlos Ponce para comentar la investigación. Antes de publicar, recuerdo haber tenido una reunión en privado con Arturo Guardiola, el fallecido director del diario Los Andes. Le expliqué el caso, y le pedí que cubriera la conferencia de prensa de los denunciantes. Arturo cumplió. Pero durante mucho tiempo, sólo el POST hizo publicaciones del caso. Y en paralelo y a pesar del escándalo, la Justicia no arrancaba. El primer fiscal fue Daniel Carniello. No hizo actos útiles por la causa. Sólo imputó a Lobos un año después de la primera publicación, por un probable fraude en el alquiler de vehículos. Pero, hay que entender el contexto. Era presidenta Cristina Fernández de Kirchner, y en Mendoza gobernaba el peronismo, el mismo partido por el que Lobos había llegado a la intendencia de Guaymallén, el departamento más poblado de la provincia. Al poco tiempo y con el caso aún caliente, Marcelino Iglesias anunció que se presentaría como candidato a intendente. Alejandro Abraham haría lo propio en la PASO del peronismo, pero perdió con Lobos. Luego, la derrota del ex intendente ahora preso, nos marcó que la población había comprendido la magnitud del latrocinio, y que creía en la investigación.

El peronismo que al principio recibió el caso con escepticismo, pronto comprendió que la magnitud de las denuncias y del probable robo los excedía. El kirchnerismo no pisó Guaymallén durante la campaña. Pidieron más datos de la investigación, y los tuvieron. Los candidatos principales del PJ, se cuidaron de aparecer junto a Lobos, que perdió las elecciones de ese año.

La Justicia

El cambio de tiempos políticos, la designación del nuevo procurador Alejandro Gullé, y la llegada de Marcelino Iglesias a la Municipalidad en 2015 y de Cornejo al gobierno, dieron brío a la investigación. Los fiscales Santiago Garay y Juan Manuel Bancalari produjeron avances. Bancalari imputó a Lobos y al ex secretario de Obras Públicas Federico Sampieri, por el Caso Wanka. Pero fue la fiscal de delitos económicos Susana Muscianisi la que hizo un trabajo monumental de chequeo y compulsa. En el auto de imputación por enriquecimiento ilícito usó parte de la argumentación del POST, que sería probada en peritajes contables. La fiscal ordenó los casos, separó, cruzó, y priorizó la documentación y los testimonios. Cuentan que la cantidad de papeles que revisó podrían completar una habitación mucho más grande que la celda que Lobos ocupa en San Felipe, junto a dos convictos por abuso y agresiones sexuales. En los años que lleva con los expedientes del caso, con escasos recursos y un ayudante, la fiscal nunca quiso dar una entrevista por el Caso Lobos. Su bajo perfil es notable.

Marcelino Iglesias cumplió con eso de "limpiar" el departamento. Rápidamente comenzaron a llamar a "empleados" que cobraban sin trabajar. Algunos renunciaron de inmediato, otros aparecieron, y así fue que se detectó el caso de la "mucama ñoqui". Iglesias expulsó de la municipalidad a Lobos y Sgró, decisión confirmada por la Suprema Corte de Justicia de Mendoza. Y se transformó en querellante en el caso "Mucama ñoqui" y en otro más por robo de combustible. Porque no eran sólo Lobos y su ahora ex mujer los que metían la mano en la lata.

Desde que publicamos la primera nota, pasaron siete años, cuatro meses y 18 días hasta que Lobos cayó preso el último viernes, para cumplir su primera sentencia de prisión de cumplimiento efectivo, por fraude. Lo mismo su ex esposa. Desde diciembre de 2014, Mendoza Post ha publicado 631 notas del caso. Muchas sumaron más datos a la investigación, otras fueron de seguimiento, y hubo editoriales y notas de opinión. No puedo menos que sentir satisfacción por la tarea periodística. La propia, y la de los periodistas que trabajan con nosotros.

En el transcurso de la pesquisa tropezamos con mucha información que aún no forma parte de los expedientes, como una compra de lotes en Kilómetro 11, y otras operaciones que hemos publicado. Incluso, entregamos a la justicia testimonios que no alcanzaron a ingresar en la primera nota, por una cuestión de tiempo. Algunos, daban cuenta de cómo se usaban máquinas y materiales municipales en los lotes del poder. También cedimos material gráfico aportado por testigos en esa causa.

Mendoza es diferente. Por iniciativa de Alfredo Cornejo cuando era gobernador, junto al subsecretario de justicia Marcelo D'Agostino, se sancionó una ley de extinción de dominio que les quita a los delincuentes de determinados delitos, entre ellos la corrupción, los bienes mal habidos. Lobos fue el primer caso con sentencia en la provincia, y por eso le quitaron la enorme casa que filmamos con un drone en diciembre de 2014. Esa medida está en suspenso mientras se tramita la apelación en la Suprema Corte.

En Argentina, las investigaciones periodísticas tardan mucho tiempo en tener un correlato judicial. En algunos casos, nunca ocurre. Varias veces les he preguntado a los periodistas de investigación qué sienten cuando los jueces van a contramano de la realidad, y protegen a la corrupción. La frustración que se produce no tiene igual. Desde ese punto de vista, en el Post nos sentimos afortunados. Hicimos una investigación enorme en colaboración con un equipo de abogados y unos pocos que pusieron la cara, como Telera o Marcelino Iglesias. Esa investigación ya dio una condena firme, el encarcelamiento de Lobos y su ex mujer, hay dos juicios en marcha (enriquecimiento ilícito y Caso Wanka) y una imputación más por fraude en el alquiler de vehículos. Por los casos de enriquecimiento y el alquiler de la planta de asfalto, a Lobos y Sgró podrían corresponderles una condena más de hasta seis años, y a Lobos en particular, otra más de hasta seis años también. En caso de ser culpables, y depende del criterio para unificar penas, es probable que Lobos y su ex mujer pasen al menos cuatro años en prisión.

Los periodistas y los medios somos responsables de las publicaciones y de la exactitud de los datos. No, de las medidas que tomen o de qué resuelvan la política y la justicia. Muchas veces pensamos que el caso no llegaría nunca a un final aceptable, en el que la justicia confirmase -con sus herramientas- los delitos que se denunciaron en la investigación periodística. Hubo sinsabores. Los gajes del oficio nos pusieron al inicio de la investigación frente a todo tipo de advertencias, aprietes y amenazas. Y hasta hubo intentos de comprar nuestro silencio. Luego, hubo demoras en varios tribunales, entre ellos la Sala Penal de la Corte, aunque al final hizo fallos ajustados a derecho, igual que el Tribunal Penal Colegiado 2 que condenó a la pareja. En 2017 la fiscal Muscianisi imputó a Lobos y Sgró por enriquecimiento y fue la primera vez en que pensamos que terminarían en prisión. Luego transcurrió la pandemia, y Lobos fue apelando y demorando cada uno de los juicios todo lo que pudo. De hecho, pasaron casi tres años entre la sentencia a prisión en mayo de 2019, y el momento en que ingresaron en San Felipe y Almafuerte como presidiarios. Pero el día finalmente llegó. Y detrás del caso en sí, había una historia que contar: la anatomía de una investigación.

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